En el año 1907 se encuentra petróleo en la
ciudad de comodoro Rivadavia, allí nace el principio de YPF. Tiempo
después se creó la dirección general de explotación del petróleo, q
era clara las primeras manos de la política por regularizar las
empresas extranjeras q iban llegando al país.
Se realizaron muchas obras de infraestructura para la busca de petróleo, desde la presidencia de Irigoyen y Alvear, se nombra un Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y se incrementa la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo.
Siguiendo por el camino de Mosconi y de Hipólito Irigoyen, la empresa tuvo el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como Sociedad del Estado, su producción siempre superó mayoritariamente la del sector privado, ese era el objetivo de Mosconi: el fisco debía tener una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.
El Edificio YPF fue diseñado por el Departamento Técnico en septiembre de 1936 e inaugurado en 1938.
Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, fue reestructurada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem siguiendo la política económica salvaje de aquellos años. Entre 1989 y 1992 se hicieron las principales reformas.
Lo primero fue el cambio de societario ya q era del estado para convertirlo en sociedad anónima (YPF S.A.). En 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones
y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% de las acciones, y entre ellos habían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones.
Esto culminó en 1999, cuando el Estado vendió a Repsol un 14,99% de las acciones de YPF.
La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros, y permitió a Repsol (compañía española) convertirse en la octava productora de petróleo del mundo y
la decimoquinta compañía energética.
En el 2007 YPF se sigue dividiendo, el Grupo Petersen, una junta de empresas argentinas compró
el 14,9% de YPF S.A., el año siguiente a tendría un 15,46%. En el 2011 aumentó sus acciones en un 10%.
Para fines del 2011 el Grupo Petersen poseía el 25,46% de YPF, la compañía Repsol el 57,43%, el 17,09% restante estaba en manos de inversores privados y un 0,02% en poder del Estado nacional.
En el año 2012, YPF controla el 32% de la producción de hidrocarburos y el 23% de la de gas, según datos oficiales.
El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.
La disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF es el principal motivo aducido para su expropiación. Desde la adquisición por Repsol en 1998 hasta fines de 2011
esa caída fue del 61,6% en petróleo y del 77,3% en gas. Declarando el 51% del patrimonio de YPF
de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% irá a las provincias y el 51% restante al Estado Nacional.
Simultáneamente, se dictó un decreto urgente mediante el que se intervenía YPF durante un periodo inicial de treinta días. Los directivos de la compañía fueron expulsados de la sede de YPF.
Repsol anunció que llevará a cabo las acciones legales necesarias, se cita una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Repsol critica también la medida por "discriminatoria", al ser el único accionista de YPF sujeto a la expropiación.
Asimismo se censura el hecho de que en 1999 la provincia de Santa Cruz, entonces gobernada por Néstor Kirchner vendiera a Repsol las acciones de YPF obteniendo en la transacción más de 600 millones de dólares.
El 19 de abril el poder ejecutivo argentino publicó un decreto por el cual incorporó a la expropiación a la empresa distribuidora de gas licuado envasado Repsol YPF Gas S.A. Lo hizo luego de comprobar que Repsol YPF Gas S.A. no estaba bajo el control de YPF S.A. El 25 de abril de 2012, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley de expropiación aprobándolo y remitiéndolo para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Esta aprobó el proyecto el 3 de mayo del 2012.
El gobierno español y la Unión Europea manifestaron un profundo malestar y la necesidad de tomar medidas legales.
El G-20 no dio espacio para tratar el tema. En México se consideró "lamentable" la medida.
El gobierno de los Estados Unidos calificó el hecho como un "acontecimiento negativo".
El gobierno chileno pidió respetar los contratos. Por su parte Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia expresaron su apoyo a la decisión del gobierno argentino afirmando que se trata de una decisión soberana de ese país.
El 19 de abril el presidente de Nicaragua expresó la solidaridad de su país con Argentina respecto de la expropiación
de YPF y de la Cuestión de las Malvinas.
El 14 de junio de 2012 el grupo financiero mexicano Inbursa perteneciente al empresario Carlos Slim ejecutó
las garantías sobre unos préstamos que la familia argentina Eskenazi había dejado de pagar por el 6,59% de
acciones de YPF. Asimismo, la sociedad Inmobiliaria Carso, vinculada al grupo Inbursa, ejecutó las garantías
sobre otro 1,77% de las acciones de la compañía de hidrocarburos. El resto de acreedores de la familia argentina
Eskenazi hicieron lo mismo, incluida la propia Repsol.
En Argentina, YPF también provee de combustibles a otras firmas que adquieren hidrocarburos de forma subsidiada,
siendo vendidos bajo el nombre del comprador. Un caso particular de este tipo de negociaciones, fue llevado a cabo por la empresa estatal provincial Servicios Energéticos del Chaco (SECHEEP), encargada del suministro y manutención de la red eléctrica provincial, que inaugurara su propia red de combustibles en el año 2011.
Se realizaron muchas obras de infraestructura para la busca de petróleo, desde la presidencia de Irigoyen y Alvear, se nombra un Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y se incrementa la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo.
Siguiendo por el camino de Mosconi y de Hipólito Irigoyen, la empresa tuvo el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como Sociedad del Estado, su producción siempre superó mayoritariamente la del sector privado, ese era el objetivo de Mosconi: el fisco debía tener una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.
El Edificio YPF fue diseñado por el Departamento Técnico en septiembre de 1936 e inaugurado en 1938.
Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, fue reestructurada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem siguiendo la política económica salvaje de aquellos años. Entre 1989 y 1992 se hicieron las principales reformas.
Lo primero fue el cambio de societario ya q era del estado para convertirlo en sociedad anónima (YPF S.A.). En 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones
y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% de las acciones, y entre ellos habían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones.
Esto culminó en 1999, cuando el Estado vendió a Repsol un 14,99% de las acciones de YPF.
La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros, y permitió a Repsol (compañía española) convertirse en la octava productora de petróleo del mundo y
la decimoquinta compañía energética.
En el 2007 YPF se sigue dividiendo, el Grupo Petersen, una junta de empresas argentinas compró
el 14,9% de YPF S.A., el año siguiente a tendría un 15,46%. En el 2011 aumentó sus acciones en un 10%.
Para fines del 2011 el Grupo Petersen poseía el 25,46% de YPF, la compañía Repsol el 57,43%, el 17,09% restante estaba en manos de inversores privados y un 0,02% en poder del Estado nacional.
En el año 2012, YPF controla el 32% de la producción de hidrocarburos y el 23% de la de gas, según datos oficiales.
El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.
La disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF es el principal motivo aducido para su expropiación. Desde la adquisición por Repsol en 1998 hasta fines de 2011
esa caída fue del 61,6% en petróleo y del 77,3% en gas. Declarando el 51% del patrimonio de YPF
de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% irá a las provincias y el 51% restante al Estado Nacional.
Simultáneamente, se dictó un decreto urgente mediante el que se intervenía YPF durante un periodo inicial de treinta días. Los directivos de la compañía fueron expulsados de la sede de YPF.
Repsol anunció que llevará a cabo las acciones legales necesarias, se cita una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Repsol critica también la medida por "discriminatoria", al ser el único accionista de YPF sujeto a la expropiación.
Asimismo se censura el hecho de que en 1999 la provincia de Santa Cruz, entonces gobernada por Néstor Kirchner vendiera a Repsol las acciones de YPF obteniendo en la transacción más de 600 millones de dólares.
El 19 de abril el poder ejecutivo argentino publicó un decreto por el cual incorporó a la expropiación a la empresa distribuidora de gas licuado envasado Repsol YPF Gas S.A. Lo hizo luego de comprobar que Repsol YPF Gas S.A. no estaba bajo el control de YPF S.A. El 25 de abril de 2012, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley de expropiación aprobándolo y remitiéndolo para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Esta aprobó el proyecto el 3 de mayo del 2012.
El gobierno español y la Unión Europea manifestaron un profundo malestar y la necesidad de tomar medidas legales.
El G-20 no dio espacio para tratar el tema. En México se consideró "lamentable" la medida.
El gobierno de los Estados Unidos calificó el hecho como un "acontecimiento negativo".
El gobierno chileno pidió respetar los contratos. Por su parte Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia expresaron su apoyo a la decisión del gobierno argentino afirmando que se trata de una decisión soberana de ese país.
El 19 de abril el presidente de Nicaragua expresó la solidaridad de su país con Argentina respecto de la expropiación
de YPF y de la Cuestión de las Malvinas.
El 14 de junio de 2012 el grupo financiero mexicano Inbursa perteneciente al empresario Carlos Slim ejecutó
las garantías sobre unos préstamos que la familia argentina Eskenazi había dejado de pagar por el 6,59% de
acciones de YPF. Asimismo, la sociedad Inmobiliaria Carso, vinculada al grupo Inbursa, ejecutó las garantías
sobre otro 1,77% de las acciones de la compañía de hidrocarburos. El resto de acreedores de la familia argentina
Eskenazi hicieron lo mismo, incluida la propia Repsol.
En Argentina, YPF también provee de combustibles a otras firmas que adquieren hidrocarburos de forma subsidiada,
siendo vendidos bajo el nombre del comprador. Un caso particular de este tipo de negociaciones, fue llevado a cabo por la empresa estatal provincial Servicios Energéticos del Chaco (SECHEEP), encargada del suministro y manutención de la red eléctrica provincial, que inaugurara su propia red de combustibles en el año 2011.
